Tres diputadas y diputados se opusieron a que el Instituto de Movilidad de Quintana Roo recaude recursos mediante el cobro de licencias municipales.

Se aprobó una adición a la fracción XI Bis al artículo 34 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, mediante la cual se establece una nueva facultad para la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad para emitir las tarifas relacionadas con la expedición o renovación de las licencias o permisos para conducir vehículos de motor.

«Las decisiones que tomamos como representantes de la ciudadanía deben estar guiadas para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses. Quitar recursos a los municipios no contribuye a esta causa. No podemos votar a favor de esta reforma a la Ley de Movilidad de Quintana Roo, que afecta los ingresos del nivel de gobierno que menos dinero recibe. Van a cobrar la licencia de cada municipio y la devolverán cada día 20, pero menos 295 pesos. Uno de los pocos ingresos de los municipios se los vamos a empezar a quitar», expresó el diputado Julián Ricalde.

«Las licencias pueden ser el principio de un golpe muy grave a las finanzas de los municipios, y el Instituto de Movilidad debe ser normativo, no recaudatorio», dijo la priista Candy Ayuso.

«En la comisión se aprobó, pero ciertamente se nos dijo que esos recursos iban a regresar a los ayuntamientos, lo cual ahora vemos que no será en su totalidad. Los presupuestos y los gastos ya están proyectados, y si se iba a hacer un cambio de este tipo, debió haberse considerado que este ingreso no estuviera contemplado, ya que les afecta», expresó la diputada de Movimiento Ciudadano, Maritza Basurto.

«Seguimos dando dientes a la Ley de Movilidad, y eso está generando más recaudación, que dicho sea de paso, no está dando resultados. Estamos teniendo problemas en Cancún, y ni se diga en Cozumel», añadió.

«Reformar una y otra vez la Ley de Movilidad se ha vuelto una costumbre, con ajustes para hacer más factible el tema de movilidad. Pero ver y justificar que el cobro de las licencias lo haga el estado, como en la ley general, no es factible. Una cosa son las tarifas y el cobro, y la ley general no confiere el cobro al estado», indicó la diputada Cynthia Millán del PAN.