Cancún.- El diputado Hugo Alday, representante del Partido del Trabajo (PT), abordó las recientes reformas al Sistema Anticorrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, destacando avances clave como la creación de una Fiscalía Anticorrupción autónoma y la extensión del mandato del fiscal general.

Alday subrayó que uno de los aspectos más relevantes es la autonomía financiera y operativa de la nueva Fiscalía Anticorrupción, la cual podrá contar con patrimonio propio, reduciendo su dependencia de la Fiscalía General del Estado. Según el legislador, esta medida permitirá una mayor libertad operativa al fiscal anticorrupción, mejorando la eficacia en la lucha contra la corrupción.

En entrevista, el diputado enfatizó que la actual fiscal, Rosaura Villanueva, enfrentaba limitaciones estructurales que impedían su labor. La reforma busca fortalecer a la institución, otorgándole las herramientas necesarias para operar de manera independiente y efectiva.

Sobre el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, Alday explicó que las nuevas facultades permitirán una mayor eficacia en la resolución de casos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. Asimismo, señaló la conexión de estas reformas con la Ley de Juicio Político, diseñada para facilitar acciones penales contundentes contra servidores públicos corruptos.

Uno de los puntos más polémicos fue la extensión del mandato del Fiscal General del Estado de 9 a 12 años. Aunque esta medida ha sido criticada por ciertos sectores, que consideran insuficientes los resultados actuales de la fiscalía, Alday defendió la reforma, argumentando que garantiza estabilidad institucional y permite implementar cambios de largo plazo.

El diputado reconoció que la fiscalía enfrenta desafíos internos, incluyendo la falta de eficiencia en diversas áreas, pero afirmó que la reforma es un paso hacia la consolidación de una estructura más sólida y funcional.

Finalmente, Alday expresó su preocupación por la reciente reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión, destacando la falta de debate sobre aspectos cruciales, como los requisitos para la elección de jueces y magistrados, lo que podría impactar negativamente en la calidad del sistema judicial del país.