Hugo Alday, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVIII Legislatura del Gobierno de Quintana Roo, presentó una iniciativa para reformar la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el estado enfocada en el derecho a la movilidad personal y al libre desplazamiento, con el objetivo de garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a medios de transporte y espacios públicos sin obstáculos.

La iniciativa busca transferir las atribuciones relacionadas con la movilidad del actual marco normativo desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Esto pretende clarificar las responsabilidades de las dependencias estatales y asegurar que las instituciones cumplan con su obligación de eliminar barreras discriminatorias, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Entre los cambios propuestos se incluyen modificaciones en los artículos 33, 34 y 35 de la ley. Se sugiere la creación de un marco que garantice el acceso a transporte público y privado adaptado para personas con discapacidad, así como la promoción de una cultura de inclusión y movilidad. Además, se establece que al menos el 10% de los vehículos de transporte público concesionado deberán estar acondicionados para asegurar la accesibilidad.

La necesidad de estas reformas se enfatiza en el contexto actual, donde la falta de infraestructura accesible limita la participación de las personas con discapacidad en la vida cotidiana. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un porcentaje significativo de la población enfrenta barreras que les impiden utilizar el transporte y acceder a servicios básicos. La iniciativa busca abordar estas problemáticas, promoviendo un entorno más inclusivo y equitativo en Quintana Roo.