Los diputados María José Osorio, Hugo Alday Nieto y Ricardo Velazco presentaron una iniciativa de ley que busca blindar a testigos y denunciantes de actos de corrupción en Quintana Roo. La propuesta, que fue llevada al Congreso local esta semana, busca llenar un vacío legal que ha dejado desprotegidos a quienes se atreven a hablar.

El proyecto establece un marco legal para otorgar medidas de protección que van desde la reserva de identidad hasta la escolta policial y el traslado de dependencia para servidores públicos que denuncien irregularidades. También contempla atención psicológica y garantiza la permanencia laboral de quienes colaboren con las autoridades en casos de corrupción.

“Si no hay garantías, no hay denuncias”, sostuvo uno de los legisladores durante la presentación. Con esta ley, señalaron, se pretende cumplir con tratados internacionales que obligan a las entidades a salvaguardar a quienes aportan información clave en investigaciones anticorrupción.

La propuesta incluye un sistema de protección con acciones de oficio o a petición de parte, siempre que la persona involucrada acepte expresamente el resguardo. Se regirá por principios como dignidad, enfoque de género, necesidad, proporcionalidad y temporalidad.

El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado sería el responsable de registrar a los beneficiarios de estas medidas y supervisar su correcta implementación. Aunque aún falta que la iniciativa avance en comisiones, los legisladores afirmaron que se trata de un paso necesario para romper con la cultura del silencio que prevalece en instituciones públicas.

Actualmente, Quintana Roo no cuenta con un mecanismo específico para proteger a los llamados “whistleblowers”. La nueva ley busca cambiar esa realidad y enviar un mensaje claro: denunciar no debe costarte la vida, la salud mental ni el empleo.