El Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito resolvió sobreseer el amparo promovido por la empresa Aguakan, que buscaba frenar la cancelación anticipada de su concesión para operar el servicio de agua potable en cuatro municipios del norte de Quintana Roo, entre ellos Benito Juárez (Cancún), Isla Mujeres y Puerto Morelos.

La decisión judicial representa un revés para la concesionaria, cuya permanencia en la zona estaba prevista hasta el año 2053. El fallo, emitido este lunes, validó el decreto 195 aprobado por la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo que impulso el decreto a través de la Comisión transitoria especial y de investigación para Aguakan que lideraba el ex diputado local y hoy diputado federal, Humberto Aldana, que ratificó los resultados de una consulta ciudadana celebrada en 2022, donde más de 300 mil personas votaron a favor del retiro del contrato.

Según el tribunal, Aguakan no logró acreditar que el decreto legislativo violara derechos constitucionales. Además, se documentaron múltiples incumplimientos en la prestación del servicio, con reportes ciudadanos y notas periodísticas que evidenciaron deficiencias y abandono de áreas pactadas en la concesión.

La resolución también destaca que la empresa incumplió obligaciones contractuales fundamentales, lo que fue clave para sustentar la legalidad del retiro anticipado. Con esto, se refuerza el argumento de que la revocación fue producto de un proceso legal y socialmente respaldado.

Aguakan aún tiene un plazo de diez días hábiles para solicitar la revisión del fallo ante un Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Mientras tanto, la posibilidad de que se concrete el retiro definitivo de la concesión toma fuerza tras años de controversia legal y creciente inconformidad social.

Apenas en el mes de febrero, la empresa propuso al Gobierno de Quintana Roo que adquiriera la concesión, pero la administración estatal rechazó categóricamente la oferta, según confirmo la secretaria de gobierno, Cristina Torres.