El diputado Hugo Alday Nieto levantó la voz en el Congreso de Quintana Roo con una iniciativa que busca cerrar definitivamente las puertas laborales a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales contra menores. La propuesta, que plantea reformas al Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, incluye la inhabilitación de hasta 25 años para agresores sexuales en espacios con presencia infantil, como escuelas, centros deportivos o culturales.

La iniciativa impediría que agresores sexuales reincidan desde una posición de poder o cercanía con niñas, niños y adolescentes. En otras palabras: quien haya dañado, no volverá a tener acceso.

“Las agresiones sexuales no se olvidan. Dejan marcas para siempre”, soltó Alday desde tribuna. Y agregó: “No podemos permitir que una persona que ha sido condenada vuelva a estar cerca de una niña o un niño”.

Entre los puntos clave está la creación de un Registro Estatal de Personas Agresoras Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes, un sistema que no será público, pero sí consultable por autoridades encargadas de seguridad, justicia y protección social.

La propuesta tomó como base legislaciones ya aplicadas en países como España, Chile y Canadá, y responde a compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará.

“Esto no es castigo excesivo. Es prevención. La niñez de Quintana Roo no puede esperar”, afirmó el legislador.

Durante su exposición, Alday recordó que la propuesta fue construida en un ejercicio de Parlamento Abierto, con aportaciones de la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General, COPARMEX, barras de abogados y colectivos ciudadanos. “No es una iniciativa de escritorio. Escuchamos a expertos, abogados, víctimas y sociedad civil”, remarcó.

La reforma al Código Penal contempla inhabilitaciones que van desde los 6 meses hasta 25 años, dependiendo del tipo de delito. Además, faculta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para crear, actualizar y revisar cada año el registro de personas sancionadas, verificando que no trabajen en espacios sensibles.

Aunque no se precisó cuántas personas podrían estar actualmente en esta situación, la medida apunta a cerrar de tajo cualquier omisión legal que permita que un agresor regrese al sistema, especialmente en cargos públicos o privados donde el contacto con menores sea cotidiano.

Ahora, la iniciativa deberá pasar por comisiones antes de ser discutida en el Pleno del Congreso. Pero el mensaje fue claro: quien daña a un menor, no puede volver a acercarse. Ni una vez más.