Las revisiones al transporte y manejo de gas LP y gas natural subieron de tono esta semana, luego de que autoridades locales impulsaron una ofensiva para cerrar el paso a unidades en mal estado y operaciones fuera de norma. La decisión respondió a quejas ciudadanas y a la preocupación creciente por el traslado de materiales peligrosos en zonas densamente pobladas.

La Secretaría de Protección Civil llamó a las empresas gaseras a poner en regla sus vehículos y sus instalaciones, tras detectar fallas recurrentes en sus rutas. El exhorto incluyó la actualización de medidas de seguridad y la verificación de equipos, desde tanques hasta conexiones internas.

Además, las distribuidoras estuvieron obligadas a tramitar la “Anuencia de Seguridad para el Transporte de Material Peligroso”, un documento que acreditó si sus unidades trabajaban bajo condiciones aceptables. Sin este requisito, los camiones no pudieron continuar su operación.

El secretario de Protección Civil, Darwin Covarrubias, aseguró que el operativo buscó prevenir accidentes y no generar confrontaciones, pero insistió en que el sector gasero debía alinearse a los criterios técnicos y operativos marcados por la normatividad. La revisión abarcó almacenamientos, estaciones de servicio, expendios al público, sistemas de autoconsumo, recipientes portátiles y transportables, así como cualquier punto crítico relacionado con el manejo de gas.

Las medidas se basaron en leyes federales, estatales y reglamentos municipales, pero la presión se concentró en el terreno: cuadrillas de supervisión inspeccionaron rutas, instalaciones y unidades que diariamente circulaban sobre vialidades concurridas.

El operativo buscó reducir riesgos para trabajadores y vecindarios, luego de que en meses recientes creciera la inquietud por fugas y fallas en vehículos de reparto. Con esta intervención, las autoridades intentaron elevar los estándares de seguridad y reforzar la confianza en un servicio esencial que, por su naturaleza, exige controles estrictos.