El Congreso de Quintana Roo aprobó una reforma a la Ley de Movilidad con la que se planteó reorganizar el transporte público estatal mediante la creación de un Sistema Integrado de Transporte, un modelo que buscó coordinar rutas, operación y estándares del servicio en todo el territorio.

La iniciativa, promovida por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, fue avalada por el pleno de la XVIII Legislatura del Congreso de Quintana Roo durante sesión ordinaria.

El nuevo esquema planteó reducir la fragmentación del transporte público que actualmente opera bajo distintos criterios entre municipios. La reforma estableció que el gobierno estatal diseñaría, implementaría y operaría el sistema integrado, además de que podría firmar convenios con ayuntamientos para ordenar la operación de autobuses urbanos en rutas previamente definidas.

La modificación legal también buscó establecer una planeación conjunta del transporte a nivel estatal y municipal. Entre los objetivos se incluyeron ampliar la cobertura del servicio, mejorar la seguridad vial y fijar criterios comunes de eficiencia, sostenibilidad y calidad.

El proyecto incorporó herramientas tecnológicas para modernizar el sistema. Entre ellas se contempló el uso de pago electrónico y plataformas de información en tiempo real para usuarios, además de mecanismos de supervisión más estrictos y reglas para transparentar la asignación y operación de concesiones.

El dictamen aprobado planteó que la transición hacia el sistema integrado se realizaría sin interrumpir el servicio actual. También contempló mantener inversión constante para evitar rezagos en la operación del transporte.

El cambio legal abrió la puerta a una reorganización de uno de los servicios más utilizados en el estado. Cada día, miles de personas en Quintana Roo dependen del transporte público para trasladarse entre sus viviendas, centros de trabajo y escuelas.