El diputado Jorge Sanén presentó un paquete de tres iniciativas de ley que apuntaron a cubrir vacíos en educación superior, medio ambiente y derechos humanos en Quintana Roo, en una de las apuestas legislativas más amplias del actual periodo.

El también coordinador de Morena en el Congreso local llevó al pleno propuestas para crear la Ley de Educación Superior, la Ley de Economía Circular y la Ley para la Atención y Protección de las Personas en Contexto de Movilidad Humana, con lo que buscó impactar de manera directa en sectores clave del estado.

Entre los datos relevantes, el paquete incluyó tres nuevas normas estatales que, de aprobarse, establecerían por primera vez un marco integral en temas como educación universitaria y gestión sustentable de recursos, además de fijar bases legales para la atención a población migrante.

En materia educativa, la iniciativa de Ley de Educación Superior planteó ordenar las facultades y competencias del estado, así como garantizar el acceso a este nivel como un derecho. En paralelo, la propuesta de Economía Circular intentó regular la participación tanto del gobierno como de particulares en el aprovechamiento de recursos, con énfasis en el cuidado ambiental.

Por su parte, la ley enfocada en movilidad humana puso sobre la mesa la necesidad de establecer condiciones dignas y seguras para personas en tránsito, en un contexto donde Quintana Roo se mantuvo como punto de paso y destino.

A la par de este paquete, Sanén presentó otra iniciativa para obligar al titular de la Fiscalía General del Estado a rendir informes ante la Comisión de Justicia, en línea con mecanismos de control legislativo. La medida buscó reforzar la rendición de cuentas en la procuración de justicia.

El legislador sostuvo que las propuestas surgieron de demandas ciudadanas y apuntaron a atender problemáticas concretas, en un contexto estatal marcado por crecimiento poblacional, presión ambiental y flujos migratorios constantes.

Con este movimiento, el Congreso local abrió la discusión sobre un bloque de reformas que, de avanzar, modificarían el marco jurídico en al menos tres áreas estratégicas para Quintana Roo.