El Congreso de Quintana Roo aprobó una reforma al Código Penal estatal para aumentar las sanciones en casos de violencia familiar cuando la víctima sea una mujer embarazada. La medida elevó las penas hasta en una tercera parte respecto a sus mínimos y máximos actuales.

La modificación al artículo 176-Quáter incorporó esta nueva agravante bajo el argumento de que el embarazo coloca a las mujeres en una condición de mayor vulnerabilidad frente a agresiones dentro del entorno familiar.

Durante la discusión, el diputado local Jorge Sanén sostuvo que el cambio respondió a un contexto persistente de violencia contra mujeres en la entidad, donde los casos siguen representando un problema relevante. Señaló que, en estas circunstancias, el hogar deja de ser un espacio seguro y se convierte en un foco de riesgo.

El legislador argumentó que el embarazo implica factores adicionales como dependencia económica, menor acceso a redes de apoyo y condiciones físicas que pueden dificultar la defensa ante agresiones, lo que —dijo— justifica una sanción más severa.

Con esta reforma, las autoridades estatales buscan reforzar el marco legal para castigar con mayor rigor la violencia ejercida en contra de mujeres embarazadas y, al mismo tiempo, enviar una señal de mayor presión punitiva frente a este tipo de delitos.

Aunque no se presentaron nuevas cifras durante la sesión, datos previos han colocado a Quintana Roo entre los estados con registros preocupantes de violencia familiar, lo que ha impulsado ajustes legales en los últimos años.