El Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad una reforma que elevó los criterios mínimos de lo que se considera vivienda digna y reordenó las reglas para la construcción de vivienda social en la entidad.

El dictamen, impulsado por el senador Eugenio Segura, redefinió el estándar de vivienda adecuada al incluir condiciones obligatorias como habitabilidad, acceso a servicios básicos, salubridad, sustentabilidad y seguridad jurídica. Además, incorporó un elemento poco atendido en la legislación local: el derecho a la intimidad y a la integración urbana.

La reforma también estableció una clasificación operativa de la vivienda social —económica, popular y tradicional— alineada con parámetros federales, con la intención de ordenar el mercado y dar certidumbre a los actores que participan en la producción de vivienda.

Otro cambio clave fue la ampliación del concepto de “sector social”, que ahora incluye a personas con ingresos insuficientes para acceder a vivienda en el mercado formal. Con ello, se abrió la puerta a esquemas de producción social, cooperativas y modelos sin fines de lucro como alternativas para atender el rezago habitacional.

Como antecedente, el 25 de marzo de 2025 el legislador promovió un exhorto a municipios para simplificar trámites y reducir costos en la construcción de vivienda social, uno de los principales cuellos de botella en el estado.

La aprobación se dio por unanimidad, en un contexto donde el acceso a vivienda asequible sigue siendo uno de los mayores retos en Quintana Roo, especialmente en zonas urbanas con alta presión inmobiliaria.

Con esta modificación, el Congreso no solo elevó el estándar legal de vivienda digna, sino que fijó nuevas reglas para su producción, en un intento por cerrar la brecha entre el derecho en papel y el acceso real a un hogar.