El rezago legislativo y las iniciativas que permanecen años sin ser dictaminadas volvieron al centro de la discusión pública luego de que el diputado Hugo Alday Nieto presentó un paquete de reformas para modificar el funcionamiento interno del Congreso de Quintana Roo.
Durante un encuentro con integrantes de la Barra de Abogados de Quintana Roo, el legislador planteó tres cambios dirigidos a acelerar el trámite de propuestas ciudadanas, establecer tiempos obligatorios para que las comisiones resuelvan asuntos pendientes y evitar retrasos en la publicación de reformas ya aprobadas.
Uno de los principales puntos abordó una práctica que, según abogados y promotores de iniciativas, ha provocado que diversos proyectos queden archivados o sin seguimiento durante años. La propuesta busca que toda iniciativa presentada formalmente ante la Oficialía de Partes sea leída en sesión del Pleno y enviada a comisiones para su análisis, independientemente de quién la promueva.
Alday señaló que numerosas propuestas impulsadas por ciudadanos, asociaciones civiles y colegios de profesionistas no han avanzado dentro del Poder Legislativo pese a haber sido presentadas conforme a los procedimientos establecidos.
Otro de los cambios planteados consistió en fijar plazos específicos para que las comisiones legislativas analicen y dictaminen los asuntos que reciben. La medida pretende atacar el rezago acumulado en distintas áreas del Congreso, donde iniciativas y reformas pueden permanecer meses o incluso años sin resolución.
La tercera iniciativa apuntó a la etapa final del proceso legislativo. La propuesta establecería mecanismos para que las reformas aprobadas por el Pleno sean publicadas de manera inmediata en el Periódico Oficial del Estado una vez concluido el procedimiento constitucional y siempre que no existan observaciones del Ejecutivo, evitando demoras para su entrada en vigor.
El tema cobró relevancia durante la reunión cuando integrantes de la Barra de Abogados recordaron que una iniciativa relacionada con materia testamentaria presentada desde 2024 continúa sin una definición legislativa, dos años después de haber sido promovida.
Además de este tema, especialistas del gremio jurídico plantearon la necesidad de actualizar disposiciones del Código Civil y de la Ley de Propiedad en Condominio, ante cambios sociales y económicos que, afirmaron, requieren adecuaciones normativas.
En el encuentro participaron representantes de organismos empresariales, notarios y asociaciones civiles, quienes coincidieron en que uno de los principales desafíos del Poder Legislativo sigue siendo reducir los tiempos de respuesta y garantizar que las propuestas presentadas por la sociedad no permanezcan estancadas en la llamada «congeladora legislativa».



