Cancún, Quintana Roo.- El diputado local Julián Ricalde abordó el tema de la reciente abrogación de la ampliación de la concesión de Aguakan y, en torno a la posibilidad de volver a entregar la concesión de agua, afirmó que esta acción «iría en contra de los principios de la Cuarta Transformación”.

Respecto a la posibilidad de entregar la concesión a otra empresa, Ricalde expresó su desacuerdo y dijo que el Gobierno podría generar sus propios recursos con este servicio. 

“No debería estar recogiendo las concesiones porque si esto es un negocio para alguien más, pues seguramente será un negocio también para el gobierno, más aún cuando los fines del gobierno no son de lucro, es decir, es otra la naturaleza, son fines de servicio, pero pudiera llegar a generar recursos económicos como cualquier otra empresa”.

El legislador resaltó que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) tiene la capacidad de prestar el servicio en los municipios anteriormente concesionados a Aguakan, que incluyen Isla Mujeres, Cancún, Puerto Morelos y Solidaridad. 

“Creo que CAPA podría prestar perfectamente el servicio en esta área, ya que, al final, son los mismos empleados los que están en la calle rompiendo y reparando las tuberías, cortando el servicio a la gente todos los días, son mexicanos, son paisanos, son cancunenses, son isleños, son portomorelenses. Yo no veo un problema mayor en ese sentido”.

El diputado Julián Ricalde aseguró que desconoce cómo será el procedimiento en cuanto al servicio del agua potable a partir del primero de enero de 2024. 

“No tengo noticias y he estado consultando con algunos otros compañeros, y tampoco la tienen de cómo va a ser el procedimiento. Alguien aventuradamente decía que el primero de enero llegaría, se presentaría, y les diría que ahora ellos (Aguakan) ya no están, pero esa es la parte en la que aún tendríamos que ver cómo va a operar. Porque como cualquier entidad, pues tendrá sus mecanismos y sus estrategias de defensa jurídica”.

También recordó la opacidad en la gestión pasada, señalando que durante el mandato del ex gobernador Roberto Borge, nunca se aclaró el uso que Aguakan dio a los 300 millones de pesos anuales destinados a la infraestructura de los municipios concesionados. 

«Aguakan nunca dio respuesta sobre la cobertura de infraestructura y, además, los 300 millones de pesos que por convenio recibe el gobierno del estado, no le toca ni un peso a los municipios».

El pasado viernes 23 de diciembre, diputadas y diputados del Congreso de Quintana Roo aprobaron por unanimidad abrogar el decreto por el cual la XIV Legislatura (durante la gestión del ex gobernador Roberto Borge) prorrogó anticipadamente la vigencia de la concesión de Aguakan hasta el año 2053.