Las personas servidoras públicas que presenten denuncias falsas podrían recibir hasta 14 años de prisión, además de ser destituidas e inhabilitadas, de acuerdo con una iniciativa que el diputado Hugo Alday Nieto presentará ante el Congreso de Quintana Roo.

La propuesta busca reformar los artículos 224 y 224 Bis del Código Penal estatal para elevar la pena vigente por este delito, que actualmente va de seis meses a dos años de cárcel, a un rango de dos a siete años.

También plantea incrementar la sanción económica. La multa actual, de 10 a 60 días, pasaría a ubicarse entre 100 y 300 días.

El nuevo artículo 224 Bis establecería que las penas se dupliquen cuando la denuncia falsa sea promovida por una persona servidora pública. En esos casos, la condena podría alcanzar los 14 años de prisión.

La reforma también contempla la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión pública hasta por un periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta.

Sin embargo, esta agravante no se aplicaría cuando el servidor público presente la denuncia en ejercicio de sus funciones y en representación de una institución gubernamental.

La iniciativa diferencia una acusación deliberadamente falsa de una denuncia cuyos hechos no lograron comprobarse. Para imponer la sanción tendría que acreditarse que la persona denunciante sabía, desde el momento en que acudió ante la autoridad, que los hechos eran falsos.

En la exposición de motivos, Alday Nieto argumentó que estas conductas pueden afectar la libertad, el honor, la reputación y la seguridad jurídica de personas inocentes.

También señaló que investigar acusaciones falsas implica destinar recursos humanos, materiales y financieros que podrían utilizarse para atender delitos reales.

En caso de ser aprobada, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.