La empresa Aguakan, concesionaria del servicio de agua potable en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, propuso al Gobierno de Quintana Roo que adquiriera la concesión, pero la administración estatal rechazó categóricamente la oferta, según informó la secretaria de Gobierno Cristina Torres en conferencia de prensa del posicionamiento el Gobierno de Quintana Roo sobre el litigio que se lleva a cabo contra la empresa de servicio de agua potable Aguakan.
Esta conferencia fue presidida por la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez; el Consejo Jurídico, Carlos Fuentes del Río; el director general de la CAPA, Hugo Garza Sáenz, y la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Reyna Arceo Rosado.
«Fue la empresa quien ofreció la posibilidad de que el Estado adquiriera Aguakan, a lo que categóricamente se les respondió que no, que la concesión debía terminar», enfatizó la secretaria de Gobierno.
El Gobierno de Quintana Roo aseguró que su actuar «de ninguna manera constituye un riesgo para la inversión privada ni para las Afores», sino que busca proteger los derechos de los trabajadores y los intereses de los ciudadanos.
«Los actos realizados por el Gobierno, como la presentación de denuncias ante la existencia de posibles hechos de corrupción y lavado de dinero, constituyen el cumplimiento de un deber legal», afirmó Torres Gómez. «El patrimonio de los quintanarroenses no se vende».
*EXTENSIÓN DE LA CONCESIÓN POR 30 AÑOS IRREGULAR*
Según el pronunciamiento oficial, la concesión otorgada a Aguakan en la década de los 90 fue extendida ilegalmente en 2014 hasta el año 2053 e incluso ampliada al municipio de Solidaridad. Como resultado, el 16 de mayo de 2024, el Gobierno de Quintana Roo interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual encontró elementos suficientes en contra de directivos de la empresa DHC.
El proceso derivó en una resolución judicial que confirmó el delito de «Promoción de Conductas Ilícitas», señalando que en 2014 los directivos de Aguakan gestionaron una extensión de la concesión por 30 años más, a cambio de un pago de 1,055 millones de pesos, sin que el Gobierno estatal tuviera facultades para ello.
«Como resultado de la gestión ilícita y sin seguir los procedimientos de ley, se generaron ganancias multimillonarias para la empresa sin que se reflejaran en la calidad y cantidad de los servicios prestados a la ciudadanía», sostuvo Torres Gómez.
*SE CONFIRMAN ÓRDENES DE APREHENSIÓN*
La investigación también reveló presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que derivó en la emisión de órdenes de aprehensión contra directivos de Aguakan.
Por otro lado, estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), CAPA, el IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud, confirmaron que el agua potable suministrada por la concesionaria contenía «contaminantes fuera de los límites permisibles por las Normas Oficiales Mexicanas, lo que representa un riesgo inminente para la salud».
Los análisis en plantas de tratamiento operadas por Aguakan revelaron presencia de E-coli y coliformes fecales por encima de los niveles permitidos, contaminando los mantos freáticos y causando un «daño irreversible al medio ambiente».
«EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO, NO UN NEGOCIO»
El pronunciamiento concluyó con un mensaje contundente sobre la postura del Gobierno estatal: «Que quede bien claro: en Quintana Roo, con la llegada de la Cuarta Transformación, nunca se comprometerá el patrimonio del pueblo. El agua es un derecho humano, no un privilegio y menos un instrumento para el enriquecimiento de unos cuantos».
«Nadie por encima ni al margen de la ley; donde la razón asiste al pueblo, tendrá un Gobierno que lo defienda hasta sus últimas consecuencias», concluyó Torres Gómez.