Cancún.- El sector turístico y empresarial de Quintana Roo conformó un frente para intentar frenar el incremento de 36% al Derecho de No Residente (DNR) previsto en el Paquete Económico Federal de 2027, al advertir que la medida podría encarecer todavía más los boletos de avión en un escenario de menor conectividad y pérdida de viajeros.

Representantes del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, Amexme, Amatur, Canirac y otras agrupaciones anunciaron que buscarán reuniones con autoridades federales, legisladores y la Secretaría de Hacienda para exponer el impacto que, aseguran, tendría el incremento sobre la competitividad turística y el empleo.

David Ortiz Mena, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, señaló que durante el otoño se reportó 11% menos capacidad aérea hacia Quintana Roo, mientras que durante el verano las tarifas de avión registraron incrementos de hasta 33%.

Para 2027, el Paquete Económico Federal contempla aumentar 36% el DNR, que sumado al ajuste aplicado en 2025 representaría un crecimiento acumulado de 55%. Además, la propuesta plantea un aumento de 10% en las tarifas por uso del espacio aéreo.

Ortiz Mena advirtió que las aerolíneas deciden en qué destinos colocan sus rutas, por lo que consideró que México enfrenta el reto de mantener condiciones competitivas tanto para los viajeros como para las empresas que los transportan.

El dirigente empresarial sostuvo que un mayor costo para viajar al país podría provocar un efecto contrario al esperado en la recaudación, si disminuye el número de visitantes y, con ello, el consumo en hoteles, restaurantes, transportadoras y prestadores de servicios.

También cuestionó que los recursos obtenidos por el DNR ya no estén destinados a la promoción turística del país, pese a que ese fue uno de los objetivos originales de este cobro.

Rodrigo de la Peña, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, explicó que la postura de los empresarios de Quintana Roo coincide con asociaciones hoteleras nacionales, con las que preparan una estrategia para buscar modificaciones durante la discusión del Paquete Económico en el Congreso de la Unión.

El sector pretende además llevar su postura a la Ciudad de México mediante nuevas reuniones y posicionamientos públicos.

Las proyecciones para 2027 también encendieron las alertas entre los empresarios.

Toni Cháves, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, informó que entre enero y abril del próximo año se proyecta una disminución de 5.3% en vuelos, equivalente a aproximadamente 500 mil pasajeros menos hacia Quintana Roo.

Entre enero y agosto de este año, añadió, se registró una reducción de 4.6% en vuelos y una caída de 6.1% en pasajeros internacionales hacia el Caribe mexicano.

El mercado de Estados Unidos, principal emisor de turistas hacia la entidad, disminuyó 10.2% hacia Quintana Roo durante ese periodo, mientras que los viajes estadounidenses hacia Europa aumentaron 1.1%, dato que los empresarios interpretan como una señal de pérdida de competitividad.

Miriam Cortés Franco, presidenta de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, señaló que el retroceso representa 707 mil cuartos-noche menos del mercado estadounidense y 391 mil cuartos-noche menos del turismo nacional.

De acuerdo con sus estimaciones, la reducción equivale a mantener todos los hoteles de Quintana Roo sin ocupación durante 7.1 días.

La pérdida económica calculada asciende a 6 mil 375 millones de pesos, lo que también representaría para el Gobierno Federal alrededor de 289 millones de pesos menos de recaudación por concepto de DNR.

Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Turismo Receptivo, cuestionó que se planteen nuevas cargas al sector en momentos en que enfrenta mayores costos de turbosina, sargazo, conflictos internacionales y una reducción de conectividad aérea.

Los empresarios señalaron que por ahora su estrategia se concentrará en el diálogo con autoridades federales y legisladores, sin que hayan definido acciones legales contra el incremento.