En el sur de Quintana Roo, más de 160 personas dejaron de ser invisibles ante el Estado. En comunidades apartadas del municipio de Bacalar —Maya Balam, San Isidro la Laguna y Kuchumatán—, 163 habitantes recuperaron su carta de naturalización, el documento que durante años les hizo falta para acreditar legalmente quiénes son.

La entrega no fue menor: sin ese papel, los afectados habían quedado fuera de trámites básicos, programas sociales e incluso servicios públicos. Con la reposición, obtuvieron también su CURP biométrica certificada, lo que abre la puerta a integrarse plenamente a registros oficiales.

Detrás de la cifra hay historias de rezago. Habitantes de estas comunidades, muchas de ellas de difícil acceso, arrastraban problemas de identidad legal desde hace años. La regularización llegó mediante un operativo coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, que culminó con la firma de un convenio para reforzar la atención a población migrante en la frontera sur.

Durante la jornada, el titular de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, Antonio Hazael Ruíz Ortega, confirmó que fueron 163 las personas beneficiadas en Bacalar. La cifra, aunque modesta, resulta significativa en zonas donde la falta de documentación oficial es una constante.

En el evento, el alcalde José Alfredo “Chepe” Contreras sostuvo que el documento representa más que un trámite; sin embargo, para los beneficiarios el impacto fue tangible: acceso a derechos, identidad jurídica y la posibilidad de dejar atrás años de exclusión administrativa.

Uno de ellos, Florindo Ramírez Matías, resumió el sentir de la jornada: después de años sin papeles, finalmente cuentan con un documento que los reconoce oficialmente. En comunidades que históricamente habían quedado al margen, el acto marcó un punto de inflexión, aunque el rezago en la región aún dista de resolverse por completo.