El diputado local del PT, Hugo Alday Nieto, cuestionó que el exgobernador Mario Villanueva Madrid, quien cumplía una sentencia superior a 36 años por narcotráfico bajo prisión domiciliaria, mantuviera presencia pública y participación en temas políticos.

El legislador sostuvo que no encontró antecedentes de personas en condición de reclusión —aunque fuera en su domicilio— con exposición en medios opinando sobre asuntos políticos. Bajo ese argumento, planteó que la medida cautelar no eliminaba el carácter de privación de la libertad.

“Una persona en reclusión, incluso domiciliaria, debería tener limitaciones claras en su actividad pública”, dijo.

Alday Nieto consideró que cualquier pena implicaba restricciones de derechos y que estas debían aplicarse con el mismo criterio que en un centro penitenciario, sin excepciones por el tipo de confinamiento.

El señalamiento surgió luego de que Villanueva Madrid recibió en su domicilio, en el fraccionamiento Andara de Chetumal, a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de Aduanas, durante el fin de semana.

Tras ese encuentro, Marín Mollinedo se trasladó a Yucatán, donde días después asumió como delegado de la Secretaría del Bienestar, luego de dejar su cargo en la Agencia Nacional de Aduanas.

El caso reabrió el debate sobre los alcances de la prisión domiciliaria en México, especialmente cuando se trata de figuras públicas con historial político.