Detectan daño patrimonial por más de 148 millones de pesos en gobierno anterior de Playa del Carmen
La Contraloría Municipal de Solidaridad reveló presuntas irregularidades financieras cometidas durante la administración anterior encabezada por la exalcaldesa Lili Campos Miranda, las cuales podrían representar un daño patrimonial superior a los 148 millones de pesos, según la revisión de la Cuenta Pública 2023.
Cristina Alcérreca, actual contralora municipal, informó que se han abierto 183 expedientes por faltas administrativas graves, de los cuales 15 fueron iniciados por la presente administración tras auditorías internas, y 12 más fueron turnados por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) debido a observaciones no solventadas en el último año de gestión de Campos Miranda.
“La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se usaron los recursos públicos. No habrá impunidad. Cada peso que no fue justificado deberá ser aclarado o reintegrado al pueblo”, sostuvo Alcérreca, quien enfatizó el rigor técnico del proceso y el compromiso con la legalidad.
Entre las áreas con mayores observaciones destacan:
• Unidad de Espectáculos: $91,185,737.68
• Recursos Humanos: $31,930,000.00
• Servicios Públicos Municipales: $14,257,681.08
• Medios de Comunicación: $638,872.48
• Medio Ambiente: $3,899,950.00
• Seguridad Pública: $2,505,600.00
A estos hallazgos se suman 18 observaciones más aún en análisis, que podrían elevar el impacto al erario a más de 174 millones de pesos adicionales.
El gobierno municipal también detectó 36 nuevos expedientes por anomalías en el proceso de entrega-recepción, lo que, según Alcérreca, “refuerza el compromiso institucional con la transparencia y el control del gasto público”.
Por otra parte, persisten observaciones federales por más de 418 millones de pesos derivadas de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), relacionadas con recursos de Participaciones Federales y Fortamun correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
Las investigaciones continúan y podrían derivar en sanciones administrativas, resarcitorias o incluso penales, conforme avancen los procedimientos internos y las revisiones de los órganos fiscalizadores.