«Desde luego que se sancionará, los agentes de la Fiscalía General del Estado pueden tener responsabilidad penal y administrativa», afirmó Raciel López Salazar, titular de la FGE, al abordar el caso de Francisca Mariner, menor de edad asesinada cuyo cuerpo permaneció en el Servicio Médico Forense (Semefo) por más de cuatro años sin ser identificado.

En rueda de prensa, López Salazar calificó el caso como “lamentable” y aseguró que no se permitirá que algo similar ocurra nuevamente. Reconoció una cadena de “errores” en el manejo del caso y confirmó que la contraloría interna ya fue notificada para iniciar las investigaciones correspondientes.

Por su parte, María Patrón Pat, madre de la menor y presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, explicó que las negligencias comenzaron desde el inicio de las investigaciones. Según relató, tardaron un año en tomarle una muestra de ADN y, tras ello, los errores administrativos y de procedimiento prolongaron la identificación del cuerpo, lo que la llevó a buscar a su hija durante años, sin saber que estaba en el Semefo.

El responsable del asesinato fue sentenciado a 50 años de prisión por desaparición forzada, indicó López Salazar. También señaló que la Fiscalía cuenta ahora con profesionales especializados, como arqueólogos forenses, para mejorar los procesos de búsqueda e identificación de restos humanos, además de colaborar con colectivos civiles.

Sin embargo, la respuesta institucional no ha sido suficiente para la madre de la víctima. Patrón Pat presentó una denuncia penal contra al menos cinco agentes de la Fiscalía por presuntas negligencias en el manejo del caso.