Cancún, Quintana Roo.- Las personas que soliciten contraer matrimonio en Quintana Roo podrían conocer si su futura pareja aparece en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, mediante una iniciativa presentada por el diputado Hugo Alday Nieto, que busca establecer esta consulta como una obligación para los oficiales del Registro Civil.

La propuesta, presentada durante la sesión ordinaria número 20 del Congreso del Estado, plantea que los oficiales del Registro Civil revisen el registro de deudores alimentarios después de recibir una solicitud de matrimonio, con la finalidad de proporcionar información a quienes están por casarse.

El legislador Hugo Alday Nieto precisó en su iniciativa que esta consulta tendría un carácter exclusivamente informativo, por lo que aparecer en el registro no representaría un impedimento legal para celebrar el matrimonio.

La reforma en materia de derecho familiar busca que las personas cuenten con información relevante antes de tomar la decisión de casarse, bajo el principio del consentimiento libre e informado y la protección del interés superior de la infancia.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis, junto con otras propuestas legislativas relacionadas con la salud mental de trabajadores del sector público, el endurecimiento de sanciones por amenazas y modificaciones a la legislación administrativa.

En materia laboral, el diputado Rubén Carrillo Buenfil presentó una reforma al artículo 49 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados.

La propuesta busca establecer como obligación legal la impartición permanente de cursos y programas de información, orientación y atención a la salud mental y ocupacional de los servidores públicos, de manera que estas acciones continúen independientemente de los cambios de administración.

Por su parte, la diputada Silvia Dzul Sánchez planteó modificar el artículo 123 del Código Penal de Quintana Roo para aumentar hasta en una mitad las penas por amenazas cuando estas se utilicen para obstaculizar o condicionar la participación de jueces, fiscales, defensores, víctimas o testigos en procedimientos penales.

El aumento de las sanciones también aplicaría cuando las amenazas contra docentes, directivos o personal administrativo de instituciones educativas provengan de estudiantes, tutores o familiares consanguíneos y estén relacionadas con el ejercicio de sus funciones escolares.

Durante la misma sesión, el Congreso dio entrada a otra iniciativa para actualizar diversas leyes estatales y sustituir las referencias a la antigua Secretaría de la Contraloría del Estado por su denominación actual, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Estos cambios abarcarían disposiciones relacionadas con investigaciones administrativas, auditorías del gasto público y coordinación de archivos, sin modificar las atribuciones sustantivas de la dependencia.

Las iniciativas quedaron en comisiones legislativas, donde serán analizadas antes de continuar con el procedimiento correspondiente para su eventual aprobación.