Los diputados del Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo, Hugo Alday, Diana Gutiérrez y Rubén Carrillo, presentaron una iniciativa de reforma al artículo 31 de la Constitución del estado. La propuesta tiene el propósito de incluir un marco de economía circular, que permita un uso más eficiente de los recursos y contribuya a la preservación ambiental. La iniciativa incluye modificaciones y adiciones específicas para garantizar un modelo de consumo responsable en el estado.

La propuesta legislativa destaca que la economía circular persigue mantener el valor de los materiales en el ciclo económico el mayor tiempo posible. Los impulsores de la iniciativa sostienen que la implementación de este modelo busca reducir al mínimo la generación de residuos, disminuyendo el impacto ambiental derivado de las actividades productivas y fomentando prácticas de reutilización, reciclaje y rediseño.

Los legisladores del PT subrayan que la iniciativa está alineada con recomendaciones internacionales, como las de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que considera la economía circular una herramienta clave para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 en materia de desarrollo sostenible. La propuesta también cita estudios de la ONU, los cuales señalan que el tránsito hacia este modelo podría reducir de manera significativa los desechos industriales y las emisiones en sectores específicos.

La iniciativa propone que el Estado de Quintana Roo adopte medidas para implementar el modelo de economía circular a través de todas las etapas del ciclo de vida de productos y servicios, generando prácticas que permitan la reintegración sustentable de los materiales y la disminución de su impacto en el medio ambiente. La propuesta incluye también la responsabilidad de quienes causen daños ambientales de responder por los efectos derivados, conforme a la normativa aplicable.

En caso de aprobarse la iniciativa, Quintana Roo daría un paso hacia el establecimiento de una política pública con visión transexenal, destinada a fomentar la sostenibilidad en los patrones de consumo y producción. Los legisladores sostienen que esta reforma constitucional sería una medida con impacto positivo para el medio ambiente y la salud de los quintanarroenses, y subrayan la relevancia de esta política para las generaciones futuras.