Con un mensaje claro: «el cuarto muelle que nadie quiere», el secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, Óscar Rebora, confirmó lo que para muchos ya era un hecho consumado: el megaproyecto portuario en Cozumel perderá su autorización ambiental. Así lo declaró durante el estreno del quinto capítulo de la serie documental Conectar para Transformar, que retrata uno de los episodios más intensos de resistencia ambiental en el Caribe mexicano.
Anunciado en 2021, el cuarto muelle turístico en la isla de Cozumel prometía reforzar la infraestructura para el arribo de cruceros —y también multiplicar los riesgos sobre uno de los arrecifes más importantes del continente. Durante más de tres años, científicos, ambientalistas y ciudadanos comunes se organizaron para frenar el proyecto, desafiando intereses empresariales, discursos de “progreso” y la maquinaria de aprobación institucional.
“Fue una lucha muy intensa”, admitió Rebora. “El resolutivo viene en sentido favorable hacia los cozumeleños. Se va a revocar la autorización en materia de impacto ambiental de ese cuarto muelle que nadie quiere”, apuntó.
El episodio titulado El 4º Muelle de Cozumel no solo documentó la oposición al proyecto, también mostró cómo la movilización social logró escalar el tema hasta los niveles más altos de decisión pública. Desde académicos que expusieron los daños al ecosistema marino, hasta pescadores que defendieron su fuente de vida, la narrativa colectiva fue clara: Cozumel no está en venta.
El caso reabrió un viejo debate: ¿cuánto turismo puede soportar una isla de apenas 478 km², rodeada por un ecosistema de altísima fragilidad? La respuesta, para muchos locales, se resume en una advertencia contundente: “Si todo se comercializa, trabajaremos para otros”, una frase que resonó con fuerza en el documental.
Aunque la revocación de la autorización aún deberá formalizarse jurídicamente, la declaración de Rebora fue interpretada como un triunfo concreto. Más que un gesto político, es un precedente: la ciencia y la participación ciudadana pueden cambiar el rumbo de proyectos millonarios cuando están en juego los bienes comunes.