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Presenta Mara Paquete Fiscal 2026 con aumento del 9.8%

La gobernadora Mara Lezama entregó al Congreso del Estado un Paquete Fiscal 2026 que rompió récord: $56,513.6 millones de pesos, un aumento del 9.8% frente a los $51,473.8 millones ejercidos en 2025. Todo, aseguró, sin impuestos nuevos.

El documento detalló que $17,885.9 millones provinieron de ingresos locales y $38,627.7 millones de participaciones y aportaciones federales. La propuesta apostó por ampliar programas sociales, reforzar seguridad y acelerar obras de infraestructura.

En el desglose, Desarrollo Social concentró $21,877.2 millones, un alza del 5.3%. Educación recibió $13,023.4 millones, con incremento del 4.8%. En el sector económico, las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales subieron 6.2%.

Uno de los puntos más sensibles para la ciudadanía, la seguridad pública, también creció. Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior pasó de $3,991.2 millones a $4,338.6 millones, es decir, 8.7% más.

Pero el salto más llamativo estuvo en infraestructura: el gobierno proyectó $3,782.23 millones, una expansión del 93.9%respecto al año anterior. La administración aseguró que esta bolsa permitiría atender obras viales, modernización de servicios básicos, movilidad e intervención urbana.

SEFIPLAN entregó la propuesta bajo el argumento de que respondía a un esquema “equilibrado” y a criterios de responsabilidad hacendaria. El gobierno señaló que este paquete consolidó la planeación financiera de 2026 con una visión enfocada en bienestar social, priorizando recursos para grupos vulnerables, salud, educación y seguridad.

La gobernadora afirmó que el paquete se diseñó con “visión humanista y corazón feminista”, y que el objetivo fue reducir desigualdades y mantener disciplina financiera mientras se impulsaban obras estratégicas. También incluyó ajustes fiscales para fortalecer la Hacienda estatal y garantizar finanzas sostenibles.

Como en años previos, el Ejecutivo estatal aseguró que ejerció el gasto con transparencia, racionalidad y disciplina para mantener calificaciones crediticias favorables y atraer inversión pública productiva.

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