Alrededor de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan en México, de acuerdo con cifras del INEGI citadas durante una capacitación impartida a funcionarios de Puerto Morelos para identificar y prevenir la explotación infantil.

El curso reunió a personal del Ayuntamiento y especialistas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) de Quintana Roo, quienes explicaron los límites legales para el empleo adolescente, las condiciones que representan un riesgo y los mecanismos para denunciar posibles casos de explotación.

Ana Luisa Luna Ramón, titular del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) municipal, señaló que la actividad turística de Puerto Morelos exige mantener vigilancia para detectar situaciones en las que menores de edad realicen actividades laborales que vulneren sus derechos.

Durante la capacitación, los inspectores Sergio Iván Dzib Hernández y Alexander Heli Villanueva Cuts explicaron que la legislación mexicana establece los 15 años como edad mínima general para trabajar. Sin embargo, las personas de entre 15 y 17 años deben cumplir restricciones destinadas a proteger su salud, seguridad, educación y desarrollo integral.

Los especialistas también precisaron que los adolescentes menores de 16 años requieren autorización de sus padres o tutores, además de cumplir con los requisitos legales correspondientes. Entre ellos se encuentra acreditar que continúan con sus estudios y, según lo expuesto en el curso, tramitar la autorización laboral ante la STyPS.

La capacitación abordó la diferencia entre las actividades formativas, el empleo adolescente permitido y el trabajo infantil que debe denunciarse por realizarse debajo de la edad legal o bajo condiciones peligrosas, insalubres o que afecten el desarrollo físico y emocional de los menores.

La presidenta municipal, Blanca Merari Tziu Muñoz, sostuvo que la prevención debe garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a la educación y oportunidades para desarrollarse sin exponerse a la explotación laboral.

Las autoridades participantes señalaron que la coordinación entre dependencias busca mejorar la identificación y atención de estos casos, así como aplicar las disposiciones legales cuando se detecten actividades que vulneren los derechos de la población infantil.