El Gobierno de Quintana Roo dio el primer paso para quitarle a Aguakan el control del servicio de agua potable y alcantarillado: inició pláticas con Banobras y autoridades federales para armar un relevo con una entidad pública, confirmó la gobernadora Mara Lezama.

“No habrá empresa; no estamos buscando empresa alguna, nunca se ha buscado”, subrayó la mandataria al ser cuestionada sobre si existía una compañía privada en la mira. Dejó claro que la salida de Aguakan —concesionaria desde hace más de 30 años— no dará paso a otro actor comercial.

Aunque no mencionó directamente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), dijo que el objetivo es que un organismo público tome el control del servicio. La batalla legal con Aguakan, sin embargo, sigue abierta.

El conflicto con la empresa concesionaria ha escalado en los últimos años por denuncias ciudadanas sobre cobros excesivos, mala calidad del servicio y falta de inversión en infraestructura. En 2022, más de 260 mil personas votaron por revocar la concesión en una consulta popular promovida en cuatro municipios, aunque el proceso legal para invalidarla aún continúa.

Mientras tanto, la administración estatal ya explora con Banobras posibles esquemas financieros para una transición que implicaría reestructurar uno de los servicios básicos más criticados en la entidad.

Además, Lezama reveló que su gobierno analiza la construcción de un puerto estatal —sin fecha ni ubicación definida— como uno de sus proyectos prioritarios. Aseguró que el plan está en una fase técnica para evitar impactos ambientales severos.

“Lo estamos estudiando. Es una posibilidad que se está evaluando con responsabilidad, cuidando siempre el entorno”, dijo.