El Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad un paquete de reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el que se busca frenar los fraudes inmobiliarios que durante años han dejado a miles de familias sin patrimonio y que han contribuido a la proliferación de asentamientos irregulares en zonas ambientalmente frágiles.

La propuesta fue impulsada por el diputado Hugo Alday Nieto, del Partido del Trabajo, quien calificó las modificaciones como una “acción afirmativa” frente a un problema que ha crecido a la par del boom turístico y urbano del estado.

Uno de los cambios más relevantes obliga a los gobiernos estatal y municipales a publicar —de forma periódica y visible— la lista de desarrollos habitacionales que cuentan con permisos ambientales y de urbanización. La información deberá estar disponible en los portales de la Sedetus y los ayuntamientos, lo que permitirá a posibles compradores verificar la legalidad de los proyectos antes de firmar contratos o entregar anticipos.

La medida cobra sentido en un contexto donde han proliferado las ofertas de terrenos “en proceso de regularización”, muchas veces vendidas por empresas fantasma o por desarrolladores que operan sin permisos, lo que ha dejado a familias sin certeza jurídica y con severos daños económicos.

Además de atacar los fraudes, las reformas incluyen una perspectiva ambiental y social. Se introdujo el concepto de “zonas de conservación con valor ecológico y cultural”, lo que obliga a tomar en cuenta factores históricos y naturales antes de autorizar nuevos fraccionamientos. También se contemplaron mecanismos para garantizar el acceso legal y ordenado al suelo para personas de bajos recursos.

Alday Nieto subrayó que el objetivo de estas reformas es frenar el crecimiento urbano desordenado y blindar los ecosistemas frente a proyectos que solo buscan maximizar ganancias. “Ya no se permitirá el despojo ni la especulación a costa del medioambiente ni del patrimonio de las familias”, dijo durante la sesión.

Las decisiones en materia de expansión urbana deberán partir, a partir de ahora, de análisis técnicos de viabilidad territorial, con el fin de anticipar riesgos, prevenir conflictos y evitar nuevos asentamientos fuera de la ley.

Con este decreto, aprobado el pasado 7 de abril, Quintana Roo se suma a los pocos estados que han dado un paso concreto para regular el mercado inmobiliario informal que ha florecido al margen de la ley en zonas turísticas.