El Congreso de Quintana Roo endureció las reglas para propietarios de mascotas. A partir de ahora, la negligencia que derive en ataques, lesiones o incluso la muerte de personas dejó de ser un vacío legal y pasó a tener castigos claros.

Las reformas al Código Penal estatal y a la Ley de Protección y Bienestar Animal establecen sanciones que van desde multas económicas y trabajo comunitario hasta varios años de prisión, dependiendo de la gravedad del daño causado.

El diputado Renán Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, explicó que la modificación apuntó directamente a los casos en los que un animal, bajo descuido de su dueño, termina por agredir a terceros.

En cifras, la nueva legislación contempló castigos diferenciados: penas menores en casos de lesiones leves, y condenas más severas cuando el ataque derive en la pérdida de la vida. Además, se incluyeron agravantes cuando las víctimas sean niñas, niños, adultos mayores o mujeres embarazadas.

El paquete de reformas también alcanzó a quienes utilicen a un animal como medio de agresión. En esos casos, la responsabilidad dejó de ser indirecta y pasó a tipificarse como una conducta penal específica.

Otro punto clave fue la inclusión de sanciones para dueños que, aun con antecedentes de comportamiento agresivo de sus mascotas, no tomaron medidas preventivas. Ese historial ahora pesa al momento de determinar la pena.

Aunque el discurso legislativo habló de bienestar animal, el trasfondo de la reforma apuntó a un problema creciente: ataques vinculados a omisiones de los propietarios. Con estos cambios, el Congreso buscó cerrar la puerta a la impunidad en este tipo de casos y trasladar la responsabilidad directamente a los dueños.