Con reformas penales que elevaron hasta nueve años de cárcel las penas por contaminación ambiental y nuevas sanciones contra la profanación de cadáveres animales, el diputado Renán Sánchez Tajonar presentó el balance legislativo correspondiente al periodo septiembre 2025–febrero 2026, al frente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local.

Durante el Primer Periodo Ordinario y el Primer Receso del Segundo Año Constitucional, el también presidente de la Jugocopo impulsó cambios al artículo 179 del Código Penal, con los que la pena máxima por delitos ambientales pasó de cinco a nueve años de prisión, una modificación que endureció el castigo contra quienes dañen ecosistemas en la entidad.

El ajuste colocó el tema ambiental como uno de los ejes centrales del periodo legislativo, en un estado donde la presión urbana y turística ha generado constantes alertas por afectaciones a manglares, cuerpos de agua y selvas.

En paralelo, el Congreso aprobó reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal y al Código Penal para tipificar como delito la profanación de cadáveres animales, conducta que ahora se castiga con seis meses a dos años de prisión, además de sanciones administrativas. La reforma incluyó la creación de un registro estatal para regular servicios de cremación animal, con el objetivo de establecer controles formales en esta actividad.

En materia de rendición de cuentas, el legislador promovió modificaciones a la Ley de Fiscalización para reforzar la revisión de la cuenta pública y ajustar el nuevo esquema estatal de transparencia, en medio del proceso de reconfiguración institucional que atraviesa el estado.

Más allá del trabajo en tribuna, el diputado informó que más de 3 mil familias fueron atendidas en su Casa de Gestión en Cozumel durante el periodo reportado, un espacio que operó como enlace para trámites, asesorías y canalización de apoyos.

Con este balance, Sánchez Tajonar colocó como prioridades legislativas la seguridad jurídica, la protección ambiental, el bienestar animal y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, en un periodo marcado por reformas penales y ajustes normativos de impacto directo.