Los delitos de daños y lesiones cometidos en el servicio de transporte, tanto público como privado, incluyendo a taxistas y plataformas como Uber, serán investigados de oficio en Quintana Roo. 

Esto tras la aprobación por mayoría de las reformas al Código Penal y a la Ley de Movilidad del Estado por parte de la XVIII Legislatura del Congreso local.  

Con estas modificaciones, impulsadas por la gobernadora Mara Lezama, las autoridades podrán actuar sin necesidad de una denuncia previa, reforzando la seguridad de usuarios, ciudadanos y turistas. Entre los cambios más destacados está la creación de los artículos 107 Bis, 162 Bis y 185 Bis, además de ajustes al artículo 182 del Código Penal.  

El nuevo artículo 107 Bis establece que las penas por homicidio o lesiones relacionadas con el transporte aumentarán hasta un 50% si los delitos ocurren durante la prestación del servicio. En casos donde las víctimas sean menores de 18 años o turistas, las sanciones podrían incrementarse hasta en dos terceras partes.  

Por su parte, el artículo 162 Bis prevé castigos de 2 a 6 años de prisión para quienes cometan daños en servicios de transporte público o privado. Estos delitos también serán investigados de manera inmediata por el Ministerio Público.  

Además, las modificaciones al artículo 182 buscan penalizar con más fuerza los ataques contra vías de comunicación y medios de transporte, con sanciones que van de 6 meses a 4 años de cárcel.  

El artículo 185 Bis refuerza estas medidas, aumentando hasta un 50% las penas en casos donde los ataques a las vías de comunicación se realicen durante la prestación del servicio de transporte.  

“En Quintana Roo, no toleraremos ningún acto que afecte el sustento de las familias y el libre derecho de los usuarios a elegir libremente su medio de movilidad preferido y con ello se garantiza una sana competencia entre modalidades, buscando la igualdad de condiciones entre el servicio público de transporte y el privado” destacó la gobernadora Mara Lezama.

Reformas a la Ley de Movilidad

Las reformas a la Ley de Movilidad incluyen nuevas disposiciones para suspender o cancelar licencias, permisos y concesiones de transporte en casos de delitos relacionados. Con ello, se buscan condiciones justas entre los servicios público y privado, promoviendo la sana competencia y protegiendo el derecho de los usuarios a elegir su medio de transporte. 

Se informó que estas reformas son resultado de mesas de trabajo con participación ciudadana, sectores públicos y privados, marcando un paso más hacia un modelo de movilidad más seguro y justo en la entidad.

“El fortalecimiento de las sanciones para quienes atenten contra la seguridad de las personas y de los bienes públicos y privados es una muestra clara de que en Quintana Roo no hay cabida para la violencia ni para prácticas que atenten contra el bienestar de la ciudadanía” afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Sanén Cervantes.

Por su parte el diputado del Partido Verde, Renán Sánchez Tajonar dijo que, con la reforma a la Ley de Movilidad, se crea un marco legal “histórico y necesario que fomenta una competencia justa, permitiendo a los ciudadanos elegir el medio que mejor se adapte a sus necesidades y que asegurará que todos los actores del sector operen bajo las mismas reglas con un servicio eficiente y seguro” explicó.