El debate sobre los límites entre religión y poder público volvió a encender el Congreso de Quintana Roo. El diputado Hugo Alday Nieto, coordinador del PT, rechazó la iniciativa de Morena que busca instaurar el “Día de la Libertad Religiosa” en la entidad, al advertir que la propuesta roza principios constitucionales clave como la separación Iglesia-Estado.

Desde tribuna, el legislador sostuvo que la iniciativa no fue un gesto menor ni meramente simbólico. Argumentó que reconocer una efeméride de corte religioso desde el poder público implica un riesgo directo al principio de laicidad, blindado en los artículos 24 y 130 de la Constitución mexicana.

Alday centró su posicionamiento en datos duros: el artículo 24 garantiza tanto la libertad de creer como la de no creer, mientras que el 130 establece con claridad la separación entre las instituciones religiosas y el Estado. Bajo ese marco, insistió en que cualquier intento de institucionalizar lo religioso desde el ámbito gubernamental vulneró la neutralidad obligatoria del Estado.

“El problema no es la religión, sino cuando el poder la adopta”, expuso en tribuna, al advertir que este tipo de medidas puede derivar en exclusión hacia sectores que no profesan ninguna fe o pertenecen a minorías religiosas.

El legislador también cuestionó la viabilidad jurídica de la propuesta al señalar una posible invasión de competencias. Subrayó que la regulación de derechos humanos, como la libertad religiosa, corresponde al ámbito federal, por lo que su reinterpretación desde lo local abrió un frente legal.

En medio del debate, el PT fijó postura: votó en contra de la iniciativa. La bancada consideró que abrir la puerta a este tipo de decretos podría sentar precedentes que tensionen el equilibrio constitucional.

Alday advirtió que, de avanzar una medida de este tipo, no se descartaría su impugnación mediante mecanismos de control constitucional.

El fondo del conflicto, más allá del calendario cívico, expuso una discusión de mayor calado: hasta dónde puede llegar el Estado en el reconocimiento de expresiones religiosas sin romper el principio de neutralidad que sostiene el modelo democrático mexicano.