El Congreso de Quintana Roo endureció las penas contra delitos ambientales y elevó hasta 9 años de prisión el castigo para quienes dañen ecosistemas, agua, suelo, biodiversidad o atenten contra la vida animal.

La reforma al artículo 179 del Código Penal marcó un incremento significativo frente al esquema anterior, que contemplaba sanciones de hasta 5 años de cárcel. Además, se aumentaron las multas económicas para que el castigo resulte proporcional al impacto ambiental provocado.

El ajuste legal ocurrió en medio de casos que encendieron la indignación pública, como el del crematorio Xibalbá, donde fueron halladas más de 130 mascotas enterradas en condiciones irregulares, un hecho que evidenció vacíos en la aplicación de sanciones.

El diputado Renán Sánchez Tajonar impulsó la iniciativa y sostuvo que el endurecimiento de penas respondió a una problemática que dejó de ser aislada para convertirse en un foco de alerta en la entidad.

Con la modificación, el Congreso buscó cerrar la brecha entre el daño ambiental y las consecuencias legales, en un estado donde los recursos naturales sostienen buena parte de la actividad económica y turística.

La nueva disposición colocó bajo mayor presión a quienes incurran en contaminación o maltrato animal, al establecer sanciones más severas y ampliar el margen de acción de las autoridades para perseguir estos delitos.