Durante un encuentro con integrantes de la Barra de Abogados de Quintana Roo, el legislador planteó tres cambios dirigidos a acelerar el trámite de propuestas ciudadanas, establecer tiempos obligatorios para que las comisiones resuelvan asuntos pendientes y evitar retrasos en la publicación de reformas ya aprobadas.

Uno de los principales puntos abordó una práctica que, según abogados y promotores de iniciativas, ha provocado que diversos proyectos queden archivados o sin seguimiento durante años. La propuesta busca que toda iniciativa presentada formalmente ante la Oficialía de Partes sea leída en sesión del Pleno y enviada a comisiones para su análisis, independientemente de quién la promueva.

Alday señaló que numerosas propuestas impulsadas por ciudadanos, asociaciones civiles y colegios de profesionistas no han avanzado dentro del Poder Legislativo pese a haber sido presentadas conforme a los procedimientos establecidos.

Otro de los cambios planteados consistió en fijar plazos específicos para que las comisiones legislativas analicen y dictaminen los asuntos que reciben. La medida pretende atacar el rezago acumulado en distintas áreas del Congreso, donde iniciativas y reformas pueden permanecer meses o incluso años sin resolución.

La tercera iniciativa apuntó a la etapa final del proceso legislativo. La propuesta establecería mecanismos para que las reformas aprobadas por el Pleno sean publicadas de manera inmediata en el Periódico Oficial del Estado una vez concluido el procedimiento constitucional y siempre que no existan observaciones del Ejecutivo, evitando demoras para su entrada en vigor.

El tema cobró relevancia durante la reunión cuando integrantes de la Barra de Abogados recordaron que una iniciativa relacionada con materia testamentaria presentada desde 2024 continúa sin una definición legislativa, dos años después de haber sido promovida.

Además de este tema, especialistas del gremio jurídico plantearon la necesidad de actualizar disposiciones del Código Civil y de la Ley de Propiedad en Condominio, ante cambios sociales y económicos que, afirmaron, requieren adecuaciones normativas.

En el encuentro participaron representantes de organismos empresariales, notarios y asociaciones civiles, quienes coincidieron en que uno de los principales desafíos del Poder Legislativo sigue siendo reducir los tiempos de respuesta y garantizar que las propuestas presentadas por la sociedad no permanezcan estancadas en la llamada «congeladora legislativa».

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La jornada incluyó planteles de educación especial, primarias y secundarias de la isla, donde se distribuyeron ventiladores, proyectores, impresoras, pintarrones, herramientas didácticas y equipo especializado para atención inclusiva.

Entre las escuelas beneficiadas estuvieron Centros de Atención Múltiple (CAM) y unidades USAER, enfocadas en la atención de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales.

Durante el recorrido, Renán Sánchez aseguró que uno de los temas que se mantuvieron en la agenda legislativa fue el fortalecimiento de la infraestructura escolar. Recordó que recientemente se impulsó desde el Congreso del Estado una ley para promover la construcción de domos en escuelas públicas, además de aprobarse un presupuesto superior a los 13 mil millones de pesos para educación en Quintana Roo.

El legislador sostuvo que los apoyos entregados buscan atender necesidades básicas que aún persisten en diversos planteles de la entidad, principalmente en materia de equipamiento y condiciones de aprendizaje.

“La educación siempre será una prioridad. Hoy vemos cómo estos apoyos llegan directamente a las escuelas”, declaró durante la gira.

Por su parte, autoridades educativas señalaron que parte del material entregado estuvo dirigido a fortalecer la atención inclusiva y mejorar las herramientas de trabajo para docentes y estudiantes.

La gira se realizó en distintos puntos de la isla y concentró a personal educativo, directivos y padres de familia.

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Desde la tribuna del Congreso local, el legislador planteó modificaciones al artículo 224 y la creación del 224 Bis, con el argumento de proteger el sistema de justicia y evitar que las instituciones sean utilizadas para venganzas personales, presiones políticas o beneficios económicos.

Durante su intervención, Alday aseguró que la propuesta no busca limitar el derecho de las víctimas a denunciar ni inhibir el acceso a la justicia, sino sancionar únicamente a quienes actúen “con pleno conocimiento de la falsedad de los hechos”.

El legislador sostuvo que las denuncias fabricadas generan una sobrecarga en ministerios públicos, policías ministeriales, peritos y jueces, además de retrasar investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto.

“Cada carpeta de investigación falsa significa ministerios públicos con mayor carga de trabajo”, afirmó.

También señaló que las acusaciones falsas afectan directamente a personas inocentes y a sus familias, al provocar daños en su reputación, patrimonio y estabilidad emocional. 

En ese sentido, defendió que la reforma contemple el elemento del dolo como requisito para sancionar a quien engañe deliberadamente a las autoridades ministeriales o judiciales.

En su discurso, el diputado argumentó que la iniciativa está alineada con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar constitucionales las normas que castigan denuncias falsas para proteger el funcionamiento de la administración de justicia.

Alday afirmó que actualmente las fiscalías y juzgados enfrentan rezagos mientras “miles de quintanarroenses esperan justicia”, por lo que consideró necesario evitar que el aparato judicial sea utilizado con fines ajenos al interés público.

La propuesta fue turnada para su análisis en comisiones del Congreso del Estado.

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La XVIII Legislatura dio luz verde a modificaciones en materia de vivienda, asentamientos humanos, acciones urbanísticas y acceso al agua, iniciativas impulsadas por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y respaldadas por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Renán Sánchez Tajonar.

Durante la discusión, el legislador sostuvo que Quintana Roo pasó de tener poco más de 874 mil habitantes en el año 2000 a superar actualmente los dos millones de personas, una expansión demográfica que presionó infraestructura, servicios y disponibilidad de vivienda.

El paquete aprobado incluyó cambios a la Ley de Vivienda para fortalecer el acceso a vivienda social y garantizar condiciones adecuadas para familias de bajos ingresos. También se reformaron las Leyes de Asentamientos Humanos y Acciones Urbanísticas con el objetivo de frenar el crecimiento desordenado en municipios con fuerte expansión poblacional como Benito Juárez, Solidaridad y Tulum.

Otra de las modificaciones se concentró en servicios hidráulicos. Las reformas en materia de agua contemplaron ampliar el acceso a redes de agua potable, drenaje y alcantarillado, además de facilitar descuentos ligados a programas estatales y federales.

Renán Sánchez afirmó que en reuniones vecinales el reclamo más recurrente estuvo relacionado con fallas en servicios básicos, especialmente agua, pavimentación y regularización urbana. Bajo ese escenario, señaló que las reformas intentaron responder a una demanda que se volvió constante en zonas de rápido crecimiento.

El debate sobre vivienda y desarrollo urbano cobró relevancia en Quintana Roo en medio del aumento sostenido de población, la expansión turística y el encarecimiento del suelo, factores que en los últimos años dispararon asentamientos irregulares y rezagos en infraestructura urbana.

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En el encuentro, encabezado por el cónsul general estadounidense Justen A. Thomas y la gobernadora Mara Lezama Espinosa, el diputado local Renán Sánchez Tajonar insistió en la necesidad de mantener una agenda bilateral enfocada en seguridad, turismo, inversión y desarrollo económico.

La ceremonia congregó a representantes de distintos sectores en un contexto donde Quintana Roo mantiene una fuerte dependencia del turismo internacional. Tan solo Cancún recibe millones de visitantes estadounidenses cada año, lo que convierte la relación con Estados Unidos en un eje estratégico para la economía estatal.

Durante su participación, Sánchez Tajonar señaló que los vínculos entre Quintana Roo y Estados Unidos van más allá del turismo y abarcan temas de intercambio cultural, cooperación y crecimiento económico.

“Estos encuentros fortalecen los lazos de cooperación entre nuestras comunidades”, expresó el legislador ante representantes diplomáticos y actores empresariales.

El acto también funcionó como escaparate político para mostrar la cercanía del gobierno estatal con organismos y representantes internacionales, en medio de una estrategia enfocada en mantener la proyección global del Caribe mexicano.

La presencia de empresarios y representantes sociales reflejó además el interés por mantener abiertos canales de colaboración con el mercado estadounidense, considerado clave para la actividad económica de Quintana Roo.

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El encuentro se realizó el 10 de mayo y congregó a familias completas en una celebración que mezcló entretenimiento, convivencia y mensajes políticos centrados en el papel de las mujeres dentro de los hogares cozumeleños.

Durante su intervención, el legislador destacó el peso que tienen las madres en la vida social y económica de la isla, al señalar que son quienes sostienen gran parte de la dinámica familiar en Cozumel.

“Esta fiesta fue de ustedes y para ustedes”, expresó ante las asistentes, mientras agradeció la presencia de cientos de familias que acudieron al evento.

Acompañado por el dirigente del Partido Verde en Cozumel, Marco Antonio “Chacho” Mendoza, y la secretaria general Diana Lagunas Mendoza, Sánchez Tajonar también compartió un mensaje más personal al hablar sobre la próxima llegada de su bebé, tema con el que buscó conectar emocionalmente con las asistentes.

El diputado recordó a su madre como una figura determinante en su formación y aseguró que la experiencia de convertirse en padre le permitió dimensionar “el amor y la entrega” que realizan las mujeres todos los días dentro de sus hogares.

El evento incluyó música, actividades recreativas y espacios de convivencia que mantuvieron llena la sede durante varias horas. Entre aplausos y porras, el legislador insistió en que el reconocimiento hacia las madres debía mantenerse más allá de una sola fecha en el calendario.

La celebración ocurrió en un contexto donde las actividades masivas por el Día de las Madres movilizaron a miles de personas en Quintana Roo, particularmente en municipios turísticos como Cozumel y Cancún, donde partidos y actores políticos aprovecharon la fecha para acercarse a la ciudadanía.

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Durante un encuentro con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Cancún, el legislador presentó parte de las iniciativas que impulsó en el Congreso estatal, enfocadas en temas de inversión, crecimiento urbano y regulación económica.

La reunión se convirtió en una mesa de intercambio donde empresarios expusieron inquietudes relacionadas con cargas administrativas, obstáculos regulatorios y la necesidad de generar condiciones más estables para el desarrollo económico del estado, uno de los principales motores turísticos del país.

Alday reconoció que las decisiones legislativas suelen quedarse lejos de la realidad cotidiana cuando no existe contacto con sectores productivos y ciudadanos. Ante representantes empresariales, sostuvo que escuchar directamente a quienes generan empleo permitió aterrizar propuestas y detectar problemáticas que afectan tanto a empresas como a trabajadores.

El diputado afirmó que parte de las iniciativas discutidas buscaron fortalecer la certeza legal y mejorar el entorno para la inversión privada, en un estado donde el crecimiento acelerado también generó presión sobre infraestructura, servicios y ordenamiento urbano.

En Quintana Roo operan miles de unidades económicas vinculadas al turismo, comercio y servicios, sectores que concentran buena parte de la actividad económica estatal y que dependen de condiciones regulatorias estables para mantener inversiones y empleos.

Empresarios de Coparmex también manifestaron interés en mantener comunicación constante con el Poder Legislativo para participar en la construcción de políticas públicas y reformas que impacten al sector productivo.

El encuentro ocurrió en un contexto donde organismos empresariales han insistido en la necesidad de reducir trámites, dar mayor certeza a inversionistas y fortalecer mecanismos de transparencia en el ejercicio público.

Alday sostuvo que continuará realizando reuniones con distintos sectores sociales y económicos para incorporar opiniones externas al trabajo parlamentario y evitar que las reformas se construyan únicamente desde el escritorio.

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El arranque de la estrategia “Prevención a Través de la Educación” reunió a funcionarios estatales, representantes de seguridad y personal educativo, aunque el acto fue encabezado políticamente por el diputado local Renán Sánchez Tajonar, quien colocó el foco en la juventud como eje de la prevención social.

Frente a decenas de alumnos, el legislador sostuvo que la prevención debía aterrizarse en acciones cotidianas y no quedarse únicamente en discursos institucionales. Durante su intervención, insistió en que las decisiones tomadas desde temprana edad pueden influir en el futuro académico, laboral y personal de las y los jóvenes.

El programa fue impulsado por la Fiscalía General del Estado en coordinación con autoridades educativas y arrancó en uno de los planteles con mayor matrícula en la isla. La estrategia buscó abrir espacios de orientación dentro de las escuelas para atender temas relacionados con adicciones, violencia y riesgos sociales.

Renán Sánchez también apostó por reforzar el mensaje desde el deporte y la educación, dos áreas que, dijo, ayudan a disminuir factores de riesgo entre adolescentes. En su participación, pidió a los estudiantes asumir un papel activo en la construcción de su propio futuro.

En el evento participaron representantes de la Fiscalía General del Estado, personal de la Secretaría de Educación, mandos navales y directivos escolares, quienes respaldaron la implementación del programa preventivo en Cozumel.

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El encuentro reunió a decenas de trabajadoras del Poder Legislativo, en el marco del Día de las Madres. Ahí, el también presidente de la Junta de Gobierno insistió en que la fecha iba más allá de lo simbólico y servía para dimensionar el peso cotidiano que tienen las mujeres en la formación de nuevas generaciones.

“Hablar del Día de las Madres es hablar de quienes nos hicieron quienes somos”, dijo frente a legisladores y personal del Congreso.

Durante el convivio —al que acudieron diputadas y diputados de la XVIII Legislatura—, Sánchez Tajonar evocó su propia historia familiar para subrayar el impacto de valores como la empatía, la justicia y el compromiso, que, aseguró, marcaron su trayectoria.

El legislador también puso sobre la mesa una realidad que atraviesa a miles de hogares: madres que, además de trabajar, sostienen la crianza y la vida doméstica. En ese contexto, reconoció particularmente a quienes laboran dentro del Congreso, donde combinan jornadas profesionales con responsabilidades familiares.

Sin ofrecer cifras concretas, el mensaje giró en torno a una constante: el papel multifacético de las madres como trabajadoras, cuidadoras y eje de sus comunidades.

El evento cerró con un llamado a no limitar el reconocimiento a una sola fecha. “Cuando a una mamá le va bien, le va bien a toda una familia”, lanzó el diputado, antes de que el convivio continuara entre rifas, comida y felicitaciones.

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La propuesta surge ante una problemática real: actualmente no existe un plazo definido para que las comisiones analicen y dictaminen las iniciativas que les son turnadas. Esto ha provocado acumulación de asuntos sin resolver, retrasos en la actualización de leyes y una percepción de ineficiencia en el Poder Legislativo.

La iniciativa plantea que todas las propuestas turnadas a comisiones deberán resolverse en un plazo máximo de 45 días, contados a partir de su recepción formal. Además, establece que los asuntos deberán atenderse conforme al orden en que fueron presentados, lo que evita discrecionalidad y garantiza un trato equitativo a todas las iniciativas.

Asimismo, se contemplan mecanismos que permiten flexibilidad cuando la naturaleza del asunto lo requiera. Por ejemplo, cuando sea necesario realizar consultas públicas, el plazo podrá ampliarse hasta 180 días. También se prevé la posibilidad de prórrogas debidamente justificadas, evitando así que temas complejos queden sin análisis profundo.

Otro de los puntos relevantes es el fortalecimiento de la transparencia. La reforma obliga a que los dictámenes sean enviados con al menos 24 horas de anticipación a las y los integrantes de las comisiones, y que los promoventes de iniciativas sean notificados previamente cuando sus propuestas vayan a ser discutidas. Esto permite decisiones más informadas y procesos más abiertos.

La propuesta también incorpora principios de Parlamento Abierto, promoviendo una mayor participación y seguimiento ciudadano en los procesos legislativos, así como una rendición de cuentas más clara sobre el desempeño de las comisiones.

En caso de que las comisiones no cumplan con los plazos establecidos, la iniciativa prevé que los asuntos puedan ser llevados directamente al Pleno para su discusión, evitando que queden congelados indefinidamente.

Este proyecto se sustenta en buenas prácticas legislativas ya implementadas en el Congreso de la Unión y en estados como Yucatán, Puebla y Oaxaca, donde existen plazos definidos que han permitido mejorar la productividad legislativa.

Desde una perspectiva jurídica, la iniciativa retoma planteamientos de teóricos como Luigi Ferrajoli y Jürgen Habermas, quienes han señalado la importancia de corregir las lagunas normativas para fortalecer el Estado democrático de derecho y garantizar procesos más justos y eficaces

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