La indignación por el caso del crematorio Xibalbá de mascotas alcanzó al Congreso local y se tradujo en cambios legales. La XVIII Legislatura aprobó una reforma que tipificó por primera vez en Quintana Roo la “profanación de cadáveres animales”, un delito que contempla penas de seis meses a dos años de prisión.

La iniciativa, impulsada por el diputado Renán Sánchez Tajonar junto con legisladores del Partido Verde, cerró un vacío legal que hasta ahora dejaba sin sanción prácticas como la mutilación, disposición ilegal o manejo indigno de restos de animales. El detonante fue un caso que exhibió irregularidades en servicios funerarios para mascotas y generó reclamos públicos.

Además de las sanciones penales, la reforma estableció la creación de un Registro Estatal de crematorios de mascotas, con supervisión ambiental. El objetivo fue poner orden en un sector que operaba sin reglas claras y donde las familias pagaban por servicios sin garantías sobre el destino final de los restos.

El nuevo marco también facultó a las autoridades para realizar inspecciones y aplicar sanciones administrativas, con la intención de evitar riesgos sanitarios por la disposición inadecuada de cadáveres.

En tribuna, Sánchez Tajonar sostuvo que el caso evidenció abusos y engaños a usuarios. La reforma, dijo, buscó poner límites, castigar irregularidades y dar certeza a quienes contratan este tipo de servicios.

Con estos cambios, Quintana Roo incorporó a su legislación penal una figura inédita y avanzó en la regulación de un mercado en crecimiento, presionado por la demanda de servicios dignos para mascotas incluso después de su muerte.